REQUISITOS COMUNES

  • No tener la edad prevista en el apartado 1.a) del artículo 205 de la LGSS en la fecha del hecho causante o no reunir los requisitos exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema, si la incapacidad deriva de enfermedad común o accidente no laboral.
  • Estar afiliado y en alta o situación asimilada. Si la causa es accidente de trabajo o enfermedad profesional, en Régimen General se considera al trabajador afiliado y en alta aunque el empresario haya incumplido sus obligaciones.
  • Haber cubierto el periodo de cotización mínima que se especifica más adelante.
  • Estar al corriente del pago en los regímenes en que el trabajador sea el responsable del ingreso de cuotas (Autónomos, Agrarios y Empleados de Hogar).
  • En el caso de Autónomos, haber optado por cubrir estas contingencias.

PERIODO MÍNIMO DE COTIZACIÓN

  • Si la incapacidad se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, no se exige periodo mínimo de cotización.
  • Si la incapacidad se deriva de enfermedad común y el trabajador se encuentra en situación de alta o asimilada, se exige periodo mínimo de cotización siguiente:

1. Si el trabajador es menor de 31 años debe haber cotizado la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 16 años y la del hecho causante.

2. Si el trabajador es mayor de 31 años debe haber cotizado la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años y la fecha del hecho causante, debiendo ser esta al menos de 5 años. Además, la quinta parte del tiempo exigible debe estar en los 10 últimos años o en los diez años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar,  si se accede a la pensión desde situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.

CÁLCULO DE LA BASE REGULADORA

  • Si la incapacidad se deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Se suman todos los conceptos salariales del trabajador en la fecha del accidente o de la baja por enfermedad profesional, incluida antigüedad, sueldo, pagas extraordinarias, pluses, incentivos, etc., y el resultado se divide entre 12.

  • Si la incapacidad se deriva de accidente no laboral:

La BR será el cociente que resulte de dividir por 28 la suma de las bases de cotización del interesado durante un período ininterrumpido de 24 meses. Dicho período será elegido por el beneficiario dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión

  • Si la incapacidad se deriva de enfermedad común:

1. Trabajador mayor de 52 años y menor de 65 en la fecha del hecho causante:

Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas:

Las bases de los 24 meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computan en su valor nominal.

Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución del IPC, desde los meses a que aquéllas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere el párrafo anterior.

Al resultado obtenido, se le aplicará el porcentaje que corresponda en función de los años de cotización, según la escala prevista para las pensiones de jubilación, considerándose a tal efecto como cotizados los años que le falten al trabajador, en la fecha del hecho causante, para cumplir la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento. En caso de no alcanzarse 15 años de cotización, el porcentaje aplicable será del 50%.

El importe resultante de las reglas anteriores constituirá la BR a la que, para obtener la cuantía de la pensión que corresponda, habrá de aplicarse el porcentaje previsto para el grado de incapacidad reconocido.

2. Trabajador menor de 52 años en la fecha del hecho causante (al que se exige un período de cotización inferior a 8 años):

La BR se obtendrá, de forma análoga al supuesto anterior, pero el cociente se hallará dividiendo la suma de las bases mensuales de cotización en número igual al de meses de que conste el período mínimo de cotización exigible, sin tener en cuenta las fracciones de mes, por el número de meses a que dichas bases se refieran, multiplicando este divisor por el coeficiente 1,1666, y excluyendo, en todo caso, de la actualización las bases correspondientes a los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo a aquél en que se produzca el hecho causante.

EQUIPARACIÓN DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ

Equiparación a un grado de minusvalía del 33%, de las personas que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o gran invalidez.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad establece en su Artículo 1.2. que:

“A los efectos de esta ley, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una discapacidad igual o superior al 33%. Los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente.”

El Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, establece:

A los efectos de lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, el grado de discapacidad igual al 33 por ciento se acreditará mediante los siguientes documentos.

  • Resolución o certificado expedidos por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma Correspondiente.
  • Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social reconociendo la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.
  • Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de Defensa reconociendo una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

A estos efectos, en ningún caso será exigible resolución o certificado del IMSERSO u órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente para acreditar el grado de discapacidad igual al 33%.